La sola presencia policial no sirve en barrios tomados…

El urbanista y autor de «Siete Kabezas», donde identifica los factores que originaron a su juicio el estallido social, está abocado especialmente a uno de ellos: cómo superar la segregación de los barrios vulnerables para frenar el narcotráfico y la violencia. Le preocupa la expansión de la superficie de campamentos, […]

El urbanista y autor de «Siete Kabezas», donde identifica los factores que originaron a su juicio el estallido social, está abocado especialmente a uno de ellos: cómo superar la segregación de los barrios vulnerables para frenar el narcotráfico y la violencia. Le preocupa la expansión de la superficie de campamentos, que en el Gran Valparaíso aumentó en promedio 44%, pero que en Quilpué se duplicó en tres años, muchos de ellos bajo la forma de loteos brujos.
Cansado de la confrontación que observa en el mundo político y motivado a full con los temas orientados a recuperar entornos y superar la segregación de los barrios vulnerables para un efectivo freno al narcotráfico y la violencia, se declara el arquitecto y experto en desarrollo urbano, Iván Poduje Capdeville.

El académico y socio de la oficina de urbanismo Atisba, con más de 20 años de experiencia en el estudio de las ciudades y sus procesos de transformación, instaló hace poco un fuerte debate sobre el origen de delitos como la balacera en una concurrida feria navideña en Maipú, cuando afirmó que ese caso impactó más por el lugar que por el hecho, que es reiterado en muchos sectores de la capital y del país, de donde no se excluye esta región.

En octubre de 2020 también estuvo en primer plano al presentar su libro Siete Kabezas, en que identifica los principales factores involucrados a su juicio en la revuelta de 2019, entre ellos la segregación. Eso, en un contexto en que la destrucción y la violencia perjudicaron principalmente a la clase media y los sectores más modestos, según constató en cuatro meses de recorridos por una veintena de comunas de la Región Metropolitana de los que se nutrió la publicación.

Aquí se refiere también al avance de los campamentos tipo «loteos brujos» que se ha desatado con fuerza en la zona, al estado de Valparaíso y el desempeño de su municipio, las deudas de Viña del Mar y los desafíos con que deberá enfrentarse la próxima autoridad edilicia para salvar con menos plata los problemas de financiamiento de la ciudad.

Y dice que espera que en esta etapa del proceso constitucional «se logre que los políticos dejen de pelear porque este país no resiste más trifulcas entre políticos. Espero que se pongan de acuerdo en la Convención Constitucional, en torno a ciertas ideas básicas, pero también que en paralelo, mientras se avanza, vamos concretando soluciones a los problemas que tenemos. Por lo tanto, me preocupan mucho más hoy día las urgencias de corto plazo en materia de violencia, inseguridad y vivienda, que el derecho a la vivienda, que va avenir».

RECUPERAR ENTORNOS URBANOS
– Según cifras de Atisba, en Santiago 800 mil personas viven en barrios afectados por el narcotráfico y la cifra sube a un millón si se suman Antofagasta, Valparaíso, Rancagua y Talca, lo que significa cerca de 200 mil niños expuestos al crimen organizado. ¿Tan grave es la situación? – Bastante grave. Nosotros calculamos esta información con los mapas que elaboró la Fiscalía donde aparecen los barrios críticos por narcotráfico y lo que hicimos fue cruzarlos con mapas censales y calcular la población que vive ahí. Es así de simple.

– Usted dice que el Estado no se ha tomado en serio este flagelo porque unos piden más policías y otros grandes reformas sociales, pero ningún sector político ha priorizado la recuperación de los entornos urbanos.
– Efectivamente, es lamentable que nos movamos entre dos extremos. Entre mayor control policial para algunos, y grandes reformas sociales para otros. Pero entre ellas hay un mundo gigante para poder avanzar, que tiene que ver justamente con la recuperación del entorno y con la posibilidad de llevar servicios y opciones de desarrollo para los niños y jóvenes que viven en estos barrios.

– ¿En qué debe poner énfasis esa recuperación para frenar el avance del narco?
– Proponemos tres estrategias. La primera es llevar servicios públicos que beneficien a niños y jóvenes. Uno son las escuelas, que es lo obvio, pero lo otro son gimnasios, piscinas, centros deportivos con monitores, eso es muy importante. No puede ser que esos niños estén abandonados, tiene que haber personas que trabajen con ellos. Otro componente importante son los juegos, para que se puedan entretener. El segundo servicio es el apoyo, que hasta ahora lo han hecho empresas: apoyo a los talleres, a las ferias, para que ellos puedan formalizar su empleo, porque así evitas que el empleo informal o delictual crezca. Un pilar, entonces, son los servicios.

– ¿Y los otros pilares de este proceso?
– El segundo pilar importante es la recuperación de los espacios públicos, porque estas bandas usan sitios eriazos, plazas, calles o pasajes y los controlan territorialmente, los pintan de sus colores, los ocupan, y muchas veces impiden que la gente los use. Entonces hay que recuperar esos espacios, con luminarias, áreas verdes que se cuiden, con equipamiento, y garantizar que no todos, pero por lo menos algunos sectores, se puedan mantener. Y tercero, por cierto, poner mayor presencia policial, pero sumada a las otras dos medidas, y diría que con dos características: cuarteles más amplios e integrados al entorno, no que sean fuertes, sino comisarías abiertas para que los servicios puedan estar cerca, eso les da seguridad y reconecta al vecino con el policía. Y lo otro es que los comisarios y los que estén a cargo sean bien preparados y entrenados. Con esas tres medidas y un despliegue importante en el territorio, se pueden lograr beneficios relevantes.

– ¿No basta con más policías?
– No, es completamente insuficiente, porque si la policía va a un barrio que no tiene servicios, donde los espacios públicos están controlados, tomados o abandonados, lo que tiende a hacer es replegarse, se rinde en ese entorno, y además después del estallido lo que les pasó fue perder control territorial, que ganaron las bandas, las barras y los narcos. La sola presencia policial no sirve.

PODER TERRITORIAL DEL NARCO
– Usted ahora es asesor de Evelyn Matthei en esta materia y entiendo que preparan viaje a Medellín. ¿Que hizo esa ciudad para controlarla?
– Lo que hicieron fue esas tres cosas, pero las comprometieron con una cuarta, que son las inversiones de transporte. Mejoraron las calles, abrieron pasajes, construyeron teleféricos, y dentro de esos servicios llevaron muchas bibliotecas, porque acá la clave es evitar que el niño quede expuesto a las bandas. Ese es el objetivo central, además de devolverle la calle a los vecinos. También se desplegaron en el territorio. No sirve hacer una plaza ahí y listo, tiene que ser una plaza con gimnasio, una sede social y que haya presencia del municipio o del gobierno central.

– Sostiene que si no se integran los barrios segregados con inversiones públicas y privadas el control territorial de narco seguirá al alza y la violencia se desplazará a lugares cada vez más centrales y concurridos. Hace un par de años eso pasó aquí, balaceras y muertes en sectores céntricos.
– Uno observa que cuando las bandas amplían su poder territorial, lo que hacen es que van cada vez moviéndose más hacia los lugares que les interesan, que son donde están los negocios y comercios, aumentan su poder de fuego y se hacen más poderosos que la policía. Ahí se ve la impunidad con los fuegos artificiales o los balazos, porque en la práctica ese barrio está, no digamos perdido,
pero tiene un gobierno paralelo, que incluso «ayuda» a la gente.

– ¿No es de los que piensan que legalizando la droga se acabarían los pistoleros y el peligro de que el narco capture a las instituciones esenciales, mientras la plata con que se lo combate se podría derivar a atender a las personas adictas?
– No lo he estudiado en profundidad, he visto opiniones a favor y en contra de esa tesis, pero no podría dar una opinión fundamentada al respecto. Lo que sí puedo decir es que con el modelo con el que vamos, no estamos resolviendo el problema, sino que se ha agravado en lo que a mí me convoca, que es lo territorial.

VIVIENDA Y TOMAS FUERA DE CONTROL
– La comparación de Atisba entre los catastros de Techo Chile 2017 y fotos aéreas del 2020 indica que la superficie de campamentos en el Gran Valparaíso aumentó un 44% en tres años, con grandes tomas hacia Quilpué y Villa Alemana.
– Es un 44% en promedio porque en Quilpué crecieron en un 107%, se duplicaron. Entonces, este tema está fuera de control. Y lo que vemos ahí es la formación de campamentos distintos a los tradicionales. Un campamento tradicional es de familias vulnerables. Ahora vemos loteos irregulares, tomas con venta posterior, loteos brujos. Eso es absolutamente ilegal y además puede encubrir negocios. Eso se puede ver porque los lotes están cerrados, no los ocupan en el año sino en el verano, y hay un tercer componente que es de migración, familias que estaban pagando arriendo, muy hacinadas, en Santiago, y muchas han salido a regiones. A mí me preocupa más que nada el hecho de que tengamos loteos con maquinaria, con topografía, con cierre, con delimitación de predios, sin casas, que se compran y quedan ahí, y que la policía no haga nada, que esto no movilice a nadie, eso encuentro complicado.

– Y se pregunta «cómo es posible que los campamentos casi se dupliquen en Santiago, Viña del Mar o Quilpué, existiendo mil cuatrocientas hectáreas de suelo fiscal abandonado».
– Es una indolencia de la clase política, de los servicios públicos, que son dueños de esos terrenos. Del Serviu, que tiene terrenos en Reñaca Alto, rodeados de campamentos, porque están abandonados; el municipio de Valparaíso tiene un fundo en el sector alto de los cerros; la Armada, dos fundos navales que no ocupa para nada y que vende para hacer edificios. Eso es inaceptable. Las instituciones militares no están destinadas a hacer negocios inmobiliarios, y las que tienen como función hacer viviendas, como el Serviu, es inexplicable que tengan terrenos abandonados, es impresentable.

– ¿La vivienda debe estar entre los derechos sociales de la Constitución? ¿Cómo financia el Estado ese acceso universal? – No cuesta nada que esté como derecho, creo que va a estar, el problema parte después. Todo el mundo habla de la Constitución y pensamos que vamos a resolver problemas, a lo mejor no ahora, sino en cinco años. El tema es que la gente no quiere cinco años. Venimos de un estallido, una pandemia que duplicó los campamentos y los problemas de hacinamiento, entonces me preocupa sobremanera. Yo esperaría que un décimo de la importancia que le ponen a la Constitución se dedicara a resolver, ahora, los problemas de vivienda. De lo contrario vamos a plasmar en la Constitución el derecho a la vivienda, pero no vamos a poder cumplirle a la gente. Y eso va a ser complicado.

VIOLENCIA Y «POETAS DEL ESTALLIDO»

– Usted, que en sus recorridos constató la violencia que se apoderó de los barrios y que plasmó en Siete Kabezas, ¿apoya que se indulte a los detenidos en esos hechos?
– Bajo ningún argumento. Los detenidos están formalizados en muchos de los casos, y la Corte Suprema demostró además que no era cierto que hubiera 800 personas, sino 26 en prisión preventiva. Los hechos son gravísimos, yo vi personas quemando locales de barrio, quemando almacenes, destruyendo fuentes de empleos, edificios patrimoniales. Esos son delitos, eso no tiene nada que ver con política, por lo tanto estoy en contra y me parece que siquiera plantearlo es una falta de respeto para la gente que lo sufrió.

– Señala que es un mito que en el estallido social la destrucción se haya remitido solo a grandes negocios.
– Eso es falso, completamente falso y es cosa de ver las calles Esmeralda y Condell de Valparaíso. Nosotros hicimos un recuento para el estallido, volvimos a ir ahora y los locales seguían cerrados. No eran locales de cadena, eran negocios familiares, gente que lo perdió todo, y así ocurrió en Maipú, en Puente Alto, en Lo Prado. Que este estallido haya tenido códigos es una mentira que se inventó y que no tiene ninguna relación con la realidad.

– Usted acusa que hay «poetas del estallido».
– Gente que inventó un estallido de mentira, con códigos, con épica, y que le dio un trasfondo cultural a algo que tenía un componente criminal, delictivo, anarquista. En mi libro los critico mucho porque además estos políticos y estos artistas usaron a jóvenes, muchos de ellos personas marginales, que estaban al interior del narco, en el delito, para esa figura de la primera línea que crearon y al final los dejaron abandonados, hoy están presos y nadie se preocupa de ellos, nadie se preocupa del infierno donde viven. Este joven Anthony que cae al Mapocho empujado por carabineros, venía de Bajos de Mena que es uno de los barrios más segregados de Santiago. Y ninguno de estos políticos ha presentado proyectos para mejorarlo o para resolver el problema de la violencia. Nada. Usaron esa caída para empujar su agenda política. Eso me parece que es bastante miserable.

VALPARAÍSO, LA CRISIS DEL MUNICIPIO
– Plantea que «Valparaíso vive una de las peores crisis de su historia, y que el alcalde Sharp no sólo fue incapaz de revertirla, sino que la agravó severamente».
– Pienso que él minimizó la violencia del estallido, le pidió a los carabineros que se retiraran cuando se estaban destruyendo locales, lo vi en marchas durante el estallido que dejó a buena parte del comercio en el suelo. Además es un alcalde que ha peleado con todos los actores relevantes de la ciudad, con el concejo, con el intendente, con los empresarios. Cuando tienes una ciudad en crisis, lo que necesitas es sumar, no pelearte con todos y menos festinar el vandalismo. Creo que él ha caído en esos dos errores.

– ¿Valparaíso puede salir de esta situación sin ayuda estatal? – No, es imposible. Pero despejemos mitos. El municipio de Valparaíso puede hacer mucho más de lo que ha hecho. No postula a proyectos del FNDR, no postula a los fondos Subdere, no hace proyectos. Lo único que hace es pedir plata. Otros municipios postulan proyectos a FNDR, consiguen 10 mil, 7 mil millones, y este municipio no consigue un peso. Entonces, si bien el Estado tiene que ayudar, también se requiere un municipio proactivo que aproveche todas las fuentes de financiamiento que tiene el Estado como lo hace Quillota, como lo hace Viña del Mar, con todos sus problemas. Es inexcusable que el municipio no postule y que no tenga proyectos para la ciudad. Si no hay ningún proyecto que haya ejecutado, salvo el Mercado Puerto. Y eso es inexplicable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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