Fuerza ciudadana

Salvemos Vitacura no sólo logró un plebiscito donde los vecinos aprobarán o no los proyectos urbanos de la comuna, sino que su líder -Rodolfo Terrazas- sacó un sorpresivo 32% como candidato a alcalde. Pero no es el único movimiento ciudadano que pone en jaque a autoridades e inmobiliarias. El arquitecto […]

Salvemos Vitacura no sólo logró un plebiscito donde los vecinos aprobarán o no los proyectos urbanos de la comuna, sino que su líder -Rodolfo Terrazas- sacó un sorpresivo 32% como candidato a alcalde. Pero no es el único movimiento ciudadano que pone en jaque a autoridades e inmobiliarias.

El arquitecto Iván Poduje decidió investigarlos a fondo. Algunas conclusiones: desde 1996 han aparecido 32 de estos grupos, han intervenido con éxito 22 proyectos y han significado casi US$ 600 millones extras al MOP y las municipalidades.A estas alturas, los llamados movimientos ciudadanos tienen claro a quiénes dirigen sus disparos: alcaldes, empresas inmobiliarias y el MOP. Además, el 66% de ellos se ubica en sectores ABC1 de Santiago -en comunas como Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura o Providencia- y su objetivo principal es paralizar, o al menos fiscalizar, los proyectos urbanos que a su juicio alteren el lugar donde viven. De hecho, presionan a las autoridades hasta que éstas deciden escucharlos. En su vocabulario de batalla abundan expresiones como “urbanicidio” y “destrucción de los barrios”. Nacieron en 1996 con “No a la Costanera Norte”, y desde entonces han existido 32 de ellos.

Así de precisa es la radiografía de los movimientos urbanos santiaguinos realizada por el arquitecto, urbanista y académico de la UC Iván Poduje, quien le siguió la pista a estos movimientos en 12 años. El tema no puede ser más pertinente ahora que la atención pública se ha centrado justamente en uno de estos grupos: Salvemos Vitacura, el cual se formó en 2005 para protestar contra la construcción en altura en Escrivá de Balaguer y cuyos dirigentes -convencidos de que la comunidad es quien debe aprobar o no los proyectos inmobiliarios- convocaron a un plebiscito comunal que se efectuará en marzo próximo. La popularidad del movimiento llegó a tal punto, que el presidente del grupo, Rodolfo Terrazas, postuló a la alcaldía de Vitacura en las recientes municipales. No ganó, pero obtuvo un 32,21% de los votos.

Según Poduje, quien además es socio de Atisba -oficina de estudios y proyectos urbanos-, algunos de estos movimientos que reaccionan ante proyectos que les preocupan -desde carreteras hasta edificios-, desaparecen tras lograr sus objetivos. Otros, en cambio, perduran y extienden su batalla a todo frente de combate. Desde 1996, los movimientos ciudadanos -que se financian con el capital de sus afiliados- han intervenido con éxito 22 proyectos y planos reguladores de Santiago. Además, en términos económicos, han significado más de US$ 586 millones sólo por modificaciones a proyectos de transporte (ver tabla página 36), siendo el MOP el principal organismo afectado con estos cambios de planes.

El subsecretario de esa cartera, Juan Eduardo Saldivia, desconoce los gastos específicos de los que habla el estudio de Poduje, pero asegura que varios de estos grupos -como los que se oponen a Vespucio Oriente, al puente de El Salto con Kennedy y al túnel San Cristóbal- han llegado a negociar al ministerio. “Para nosotros son un aporte siempre que velen por los intereses generales y no particulares: muchas veces nos hemos topado con algunos que detienen un proyecto sin considerar que la ciudad en su totalidad era beneficiada”, dice. Y agrega: “Cuando la intervención de estos movimientos demora los proyectos; pierde la ciudad. Y cuando los mejora; ganamos todos”.

El primer hito
Sucedió a mediados de 1996. Veinticinco organizaciones ciudadanas, desde Pedro de Valdivia Norte hasta la Población Escanilla de Independencia, se unieron para manifestar su oposición a la construcción de Costanera Norte. La razón: la carretera atravesaría calles emblemáticas de Santiago y cortaría el barrio Bellavista por la mitad, expropiando una gran cantidad de viviendas y locales comerciales. Aunaron fuerzas e hicieron algo impensado en esa época: fueron directamente a tocar la puerta del entonces el ministro de OO.PP., Ricardo Lagos.

Patricio Lanfranco, líder de este grupo bautizado como “No a la Costanera Norte”, recuerda que los 12 dirigentes se reunieron dos veces con el ex titular del MOP. “La relación con Lagos fue de David contra Goliat: éramos muy pocos y nos consideraban un estorbo, por eso no nos escucharon”, indica. Con el fin de que los tomaran en cuenta, le pidieron a Juan de Dios Ortúzar -académico de la UC y doctor en Ingeniería de Transportes- que los acompañara. “Ahí le advertimos al ministro Lagos que la Costanera no iba a funcionar. En particular, Ortúzar le aseguró que la carretera incentivaría el uso de automóviles”, recuerda Lanfranco.

Su cruzada tuvo éxito, aunque parcial. La Costanera Norte sí se construyó, pero el año 2000, con Jaime Tohá de ministro, la empresa concesionaria modificó radicalmente el trazado de la autopista. “Se determinó que la carretera no pasaría por Constitución, sino que empalmaría el Sheraton hasta Independencia, debajo de la calle Bellavista, precisamente entre la Panamericana y las Torres de Tajamar. Con esto obedecían unas de nuestras observaciones más contundentes: evitar dos pronunciadas curvas en ‘S’ en Constitución y en la calle Bellavista”, señala Lanfranco. Por eso, asegura que “perdimos, ganando”.

El arquitecto Iván Poduje señala que este caso demuestra que los vecinos son capaces de mejorar sustancialmente un proyecto que es necesario para la ciudad. Eso sí, asegura, los costos para el MOP fueron altísimos: el presupuesto de las obras en este proyecto aumentó en US$ 70 millones.

“El movimiento contra la Costanera Norte es un hito en los procesos de participación ciudadana postdictadura. Por su éxito fue rápidamente imitado por otros grupos, algunos siguiendo una moda, otros un deber”, señala Poduje. En 2000, la organización se rebautizó con el nombre Ciudad Viva, y según cuenta Patricio Lanfranco, su actual director, el sentido del movimiento también se transformó: “Nos cansamos de oponernos. Ahora nuestro objetivo es mostrar alternativas y contribuir en los proyectos estatales”. Uno de sus últimos conflictos es con el grupo Penta -con quienes ya se habían enfrentado antes, por el proyecto en Las Lilas- debido a más de 400 departamento que la empresa está construyendo en avenida Santa María. Según el estudio de Poduje, Ciudad Viva es hoy el principal grupo ciudadano de Chile.

Las cartas no bastan
Mientras todo ello ocurría, una segunda organización empezaba a levantar la voz. “Defendamos la Ciudad” se formó en 1997 bajo el alero del entonces presidente del Centro Chileno de Urbanismo, el arquitecto Enrique Siefer Eiler. Debido al crecimiento “inorgánico y explosivo de Santiago”, el profesor Siefer -quien murió en 2003- promovió redes vecinales para defender la ciudad y luchar contra la contaminación. En un principio, su protesta se manifestaba en cartas a los principales diarios. Pero en 1999, la organización cambió su método de acción por uno más directo. Se enteraron que un grupo de vecinos de Las Condes se oponía sin éxito a la construcción de estacionamientos subterráneos bajo la Plaza Perú, en el barrio El Golf. No lo pensaron dos veces y apoyaron su lucha.

Patricio Herman, director de Defendamos la Ciudad, recuerda que “ellos nos hicieron ver los efectos negativos que los estacionamientos producirían sobre la abundante vegetación de la plaza”. A pesar de que finalmente los aparcamientos igual se llevaron a cabo, Herman agradece que Mariano Valle, el empresario a cargo del negocio, “mejoró sustancialmente el proyecto a raíz del debate, y en la inauguración de la obra dijo públicamente que, gracias a la polémica, el proyecto Plaza Perú mejoró bastante y es un aporte a la ciudad”. Efectivamente, y como pedía el grupo, se respetó bastante la vegetación original.

Desde esa batalla, el foco de Defendamos la Ciudad cambió: hoy su objetivo es denunciar. “Así les exigimos a las autoridades públicas que cumplan las leyes. Hemos intervenido en más de 300 casos”, cuenta Herman. Iván Poduje explica que la motivación de este grupo no es consensuar posiciones, sino fiscalizar la gestión pública, emulando en cierta medida la función que cumple la Contraloría General de la República, a la cual dirigen la mayoría de sus denuncias. Con esta estrategia, por ejemplo, logran detener por un tiempo la ejecución de proyectos inmobiliarios como el de Plaza Las Lilas o el conjunto de oficinas que se ubicarán en los terrenos del estadio Santa Rosa de Las Condes.

Vecinos al ataque
Después de Ciudad Viva y Defendamos la Ciudad, varios grupos siguieron su ejemplo de rechazar iniciativas públicas o privadas que afectan la calidad de sus barrios. Según cuenta Poduje, el 31% corresponde a proyectos de infraestructura de transportes, siendo los más emblemáticos los casos de Costanera Norte, Plaza Perú, Américo Vespucio Oriente, Acceso Sur a Santiago, el túnel San Cristóbal y el nudo Estoril.

En este último caso, la periodista Fernanda Otero tuvo una participación clave. Recuerda que en 2003, el concejal RN Carlos Larraín -hoy presidente del partido- la invitó a una reunión a su casa, al que irían además el economista Felipe Larraín, el presidente de la junta de vecinos de Estoril, el abogado José María Eyzaguirre, y el vicepresidente de la junta, Ricardo González: todos residentes del sector. “Ahí Carlos nos informó en qué consistía el proyecto. A él le preocupaba, pues era una verdadera trinchera abierta: dos carreteras paralelas cuya unión, o “nudo”, eliminaría todas las características de barrio de esa zona”, cuenta Otero.

Enfatiza que para tener éxito en su batalla, “fue clave trabajar en conjunto con las autoridades. Sin ellos, no lográbamos nada”. Por eso, explica Felipe Larraín, pidieron una audiencia en conjunto con los alcaldes de Vitacura, Raúl Torrealba, y Las Condes, Francisco de la Maza. “El plan afectaba a ambas comunas, y concluimos que el proyecto debía hacerse, pues mejoraría el problema vial entre las calles Tabancura, Las Condes y Estoril, pero que requería modificaciones urbanísticas a efectuarse por un tercero”, señala el economista. El elegido fue el arquitecto Félix de Amesti, quien diseñó gran parte del actual nudo de Estoril.

Con todos esos cambios, la inversión del proyecto terminó siendo de $11.575 millones, casi cuatro veces superior a la idea original, pues se eliminaron los pasos superiores, se agregó un colector de aguas lluvia y se cubrió con una plaza la zona que actualmente queda entre ambas carreteras. Ello elevó el presupuesto de la obra en US$ 19 millones, que fueron cubiertos por el MOP y los municipios de Vitacura y Las Condes.

En su estudio, Poduje también destaca el caso de Américo Vespucio Oriente, proyecto en donde le tocó participar junto al decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cambridge, Marcial Echenique, en el 2007. Entregaron al MOP tres alternativas de construcción para esta autopista de 11 kilómetros. Entonces los vecinos y las autoridades locales empezaron a protestar, y lograron que OO.PP. optara por una autopista subterránea, además de agregar la mantención de un parque existente y la creación de nuevos espacios públicos. De paso, elevaron en US$ 396 millones el monto de inversión.
“Gracias e ello, esta autopista será subterránea, lo cual reducirá su impacto ambiental y urbano. Además contará con nuevas áreas verdes, paseos y ciclovías. Lamentablemente es posible que en ello haya influido el hecho de que la autopista cruzara el barrio alto, suerte que no tienen los vecinos del sector sur”, señala Poduje.

El 50% de las organizaciones ciudadanas catastradas por Iván Poduje desde 1996 corresponde a juntas de vecinos que se oponen a la modificación de los planos reguladores de sus comunas. En estos casos, según el arquitecto, los afectados se organizan para rechazar aumentos en la densidad y la altura de edificación de sus barrios, restringiendo de forma considerable el desarrollo inmobiliario en altura de la ciudad. De estos conflictos, los más conocidos se han originado en Ñuñoa, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.
En esa línea se ubican el grupo “Defendamos la Plaza Las Lilas” -que nació en oposición a la construcción de dos torres de departamentos frente a la plaza del mismo nombre-, la Comunidad Ecológica de Peñalolén, que rechazó la llegada de viviendas sociales destinadas a pobladores que se habían tomado terrenos, y la hoy tan comentada Salvemos Vitacura.

Recién comenzando
La novedad del 2008 se llama Coordinadora Metropolitana de Organizaciones Ciudadanas Territoriales. Según Poduje, se trata de 20 movimientos ciudadanos que se agruparon para influir en el diseño de leyes e instrumentos de planificación territorial, con un discurso de fuerte crítica y desconfianza ante el rol del Estado. A su juicio, el aspecto positivo de estos movimientos es que cuando participa la comunidad “generalmente se reciben buenas ideas, la inclusión de más áreas verdes y mantener barrios emblemáticos. Eso es muy bueno”.

Por su parte, Herman Chadwick, quien como presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública ha tenido reiterado contacto con estos grupos, asegura que “la ciudad estuvo mucho tiempo bajo el tapete, y hoy es tema obligado. A veces no coincido con ellos, pero no hay que verlos como adversarios sino como aliados, pues van a seguir creciendo. Por eso, nosotros hemos optado por escucharlos y trabajar en conjunto. Son necesarios en el desarrollo de la ciudad”.

A modo de crítica, Iván Poduje dice que los movimientos no siempre tienen una probada representatividad de los vecinos. “Se toman las determinaciones entre el ministro -u otra autoridad- y los que patean la mesa, sin que necesariamente beneficien a la mayoría de las personas. Requieren regulación”, señala. Por eso, dice que se deben crear instancias como plebiscitos, que permitan a la comunidad manifestarse a favor o en contra de las propuestas.

Lo que sí está fuera de discusión, asegura Poduje, es que la influencia de los grupos ciudadanos crecerá más, poniendo en jaque el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y desarrollo inmobiliario. Según el arquitecto, ya están bien claras las tres razones del éxito de estos movimientos: el alto nivel de organización de los vecinos y sus redes de contacto con líderes de opinión y autoridades; la cobertura que les dan los medios; y el interés de las empresas y autoridades por evitar conflictos mayores en la implementación de sus proyectos.

Así las cosas, Poduje hace su último vaticinio: “Esto recién está comenzando”.

 

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