Inversión pública incluye jardines infantiles, antenas de celulares, entre muchas otras “acciones”:

Cuánto y en qué invertir para recuperar barrios críticos tomados por narcos.

Una investigación hecha por la consultora Atisba Monitor muestra que hay 35 barrios críticos en 16 comunas, que pueden ser intervenidos con una inversión de unos US$ 280 millones, en dos a cuatro años.

La policía no basta por sí sola y, como muestra la experiencia mundial, solo una intervención integral de los barrios es la herramienta que ha funcionado para hacer frente al creciente flagelo de las bandas de narcos que se toman territorios. Con este problema galopante en Chile, la consultora Atisba Monitor, vinculada al arquitecto Iván Poduje, acaba de finalizar una investigación en la que levantaron información por barrios y comunas, proponiendo en detalle las medidas que se pueden aplicar en ellos para hacer frente a esta situación, con los costos e inversión requeridos.

Atisba lleva años abordando esta problemática, y con información disponible del Ministerio Público y sus propios catastros, además de mapeos de ciudades y barrios, ya tenía trabajos en que había medido la población que vive en barrios críticos. Ahora, y con un problema que “ha escalado peligrosamente”, con delitos de ejecuciones, quitadas de “mercancía” entre bandas y apropiación territorial, la consultora propone una “recuperación integral” del entorno vulnerable, lo que pasa por oferta de servicios. Y como el problema es amplio en tamaño y complejidad, para elaborar esta propuesta consideraron el universo de barrios críticos de la Región Metropolitana (RM), mapearon aquellos que ya cuentan con una oferta de servicios y espacios en que es posible implementar medidas y obras en plazos razonables. O sea, “no partir de cero”, sino que a partir de una infraestructura básica existente —un colegio, un consultorio, una cancha abandonada, una plaza— se facilite ejecutar allí obras para mejorar la existente y construir nueva. Con esta metodología arribaron a 35 barrios críticos de 16 comunas —“los más complejos de los complejos”, dice Poduje—, que suman una población de 786 mil habitantes.

El plan contempla servicios, infraestructura deportiva y mejoramiento del entorno, que en lo global suman una inversión de casi US$ 280 millones, en un plan de dos a cuatro años. En total son 360 “acciones” (ver infografía). En su mayoría corresponden a infraestructura para niños y adolescentes —piscinas temperadas, multicanchas cerradas, patios lúdicos protegidos, escuelas para niños con necesidades educacionales especiales—, con un doble propósito: dar un entorno de protección a población vulnerable y trabajar con el apoyo de madres, vecinos o agrupaciones sociales del barrio. Un retén de Carabineros solo no cumple esa condición.

La idea es que se favorezca la consolidación de un “centro cívico” barrial, que conecte los servicios entre sí y que recupere la presencia del Estado en esos territorios. Se trata de inversión en su mayoría pública, de escala muy local, con montos de inversión razonables, pero que permite un despliegue potente y masivo de forma inmediata, y dar un “golpe de timón”, dice Poduje.

El arquitecto espera socializar esta propuesta con las autoridades de gobierno entrantes – por ejemplo, con e futuro ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quien conoce, y con la ministra del Deporte-, pues a través de Atisba Probono ya trabajan proyectos en La Pintana y Conchalí.