Hay bastante evidencia de que la crisis política y social de octubre de 2019 hizo crecer el número de campamentos como consecuencia del debilitamiento de las instituciones, producido a su vez de varios factores. Entre otros, el poco compromiso de importantes sectores políticos, particularmente de izquierda, con la institucionalidad vigente; […]
Hay bastante evidencia de que la crisis política y social de octubre de 2019 hizo crecer el número de campamentos como consecuencia del debilitamiento de las instituciones, producido a su vez de varios factores. Entre otros, el poco compromiso de importantes sectores políticos, particularmente de izquierda, con la institucionalidad vigente; el sobrepasamiento de las policías; y una anomia que se apoderó de algunos grupos de la población. Ahora emergen antecedentes que apuntan a que estas tomas ilegales, especialmente las grandes o “megatomas” (definidas como aquellas de 500 familias o más), no habrían sido espontáneas, sino planificadas cuidadosamente. Así se desprende de un estudio efectuado por la consultora Atisba, el cual sugiere que 11 de esas 22 ocupaciones ilegales situadas entre Arica y Temuco tendrían esta característica. En cambio, solo seis seguirían un modo tradicional, donde prima una alta informalidad y desorden. Las cinco restantes combinarían ambas modalidades.
No es de extrañar lo anterior, pues este tipo de casos hayan ocurrido en el pasado, como el registrado en San Antonio, donde personas vinculadas a una fundación recibían pagos por instalar a las familias en terrenos ocupados y luego proveerles de conexiones clandestinas de electricidad, agua potable y alcantarillado, además de arriendo de maquinaria y asistencia jurídica.
El “negocio” podría ser de dimensiones considerables. Se ha detectado que los moradores de las 65 mil viviendas en asentamientos ilegales declararon realizar un pago por los terrenos ocupados. La “inversión” por parte de los planificadores es modesta, por lo que sus ganancias son significativas. Los incentivos son claros y, por eso, la autoridad tiene que ejercer con fuerza su atribuciones. En caso contrario, estas operaciones ilegales podrían seguir extendiéndose.
La inconveniencia de aceptar estas vulneraciones de derecho queda clara. Idealmente, los ciudadanos deben verse incentivados a respetar la legalidad, no a pensar que será más eficaz acceder a una vivienda por la vía de la ocupación. Se trata de un problema mayor, porque este tipo de hechos alienta a más personas a imitarlos.
El precedente es particularmente delicado: cuando se prolongan, no se puede sancionar argumentar que el interés público podría estar mejor resguardado evitando el desalojo, pero ello podría evitar un daño difícil de evaluar en el bienestar de la población en el largo plazo, pero en el corto plazo ellas no han aceptado incumplir la ley, no conviviendo con el abuso de las tomas y pasando por encima no solo del dueño de los terrenos, sino también de los otros ciudadanos que respetan las normas.
Si quienes hacen estas ocupaciones ilegales creen que el camino más corto y eficaz para acceder a una vivienda es por la vía de la ocupación ilegal, se está erosionando gravemente la convivencia social.
Las ocupaciones habitualmente terminan extendiéndose para resistir las vías legales. Especialmente en casos como el de San Antonio, la fórmula para su ampliación está relacionada con la llegada de nuevas familias. Se ha detectado que en 22 tomas, personas en situación de calle o sin vivienda han declarado ser víctimas de presión para que dejen sus terrenos a quienes llegan posteriormente.
El problema se agrava cuando se judicializa el camino de la recuperación de terrenos. La historia ha mostrado que este tipo de situaciones pueden prolongarse por años y terminar consolidando los asentamientos. Lo anterior debiera ser una advertencia para el Poder Judicial, para que los jueces adopten actitudes más restrictivas ante este tipo de demandas y apliquen con rigor las disposiciones de la Ley de Usurpaciones.
Es fundamental que las autoridades adopten una política clara para enfrentar este problema. El Ministerio de la Vivienda no solo debe destinar recursos a soluciones habitacionales, sino que también debe procurar evitar la proliferación de tomas. La aplicación estricta de la Ley de Usurpaciones y la acción coordinada entre distintos organismos serán claves para frenar esta tendencia.