Desafíos Urbanos del Nuevo Gobierno

La gran pregunta será, que tipo de iniciativas que priorizará y que marcarán el sello de su administración ¿será un Mapocho navegable o la rehabilitación definitiva de los guetos de la periferia? sólo el tiempo lo dirá. Quedan pocos días para que conozcamos a las autoridades que conducirán el desarrollo […]

La gran pregunta será, que tipo de iniciativas que priorizará y que marcarán el sello de su administración ¿será un Mapocho navegable o la rehabilitación definitiva de los guetos de la periferia? sólo el tiempo lo dirá.

Ivan Poduje

Quedan pocos días para que conozcamos a las autoridades que conducirán el desarrollo de nuestras ciudades en el año del Bicentenario. Existe consenso en que la vara estará muy alta en materia de vivienda social, luego del cambio trascendental que impulsó la Presidenta Bachelet y su ministra Patricia Poblete, al priorizar la calidad de la vivienda y su localización, por sobre el número de subsidios otorgados. En este contexto, la nueva política habitacional deja avances notables: viviendas más grandes, que pueden ampliarse y valorizarse en el tiempo, recursos para mejorar espacios públicos y subsidios que premian la construcción de proyectos cercanos e integrados, favoreciendo la compra de casas usadas.Con un cambio tan potente, el paso que sigue no puede centrarse en la erradicación de campamentos. Antes de construir 600 mil soluciones habitacionales, el nuevo gobierno debiera pensar, seriamente, qué hará con las 200 mil viviendas que ya existen y que han configurado guetos de exclusión y pobreza en casi todas las ciudades importantes del país.

Este problema requerirá de cirugía mayor y es posible que la única salida sea impulsar planes de demolición y rehabilitación, como han sugerido el alcalde de Puente Alto y grupos como Elemental o Pro-Urbana. Asimismo, será necesario reforzar programas que intervienen barrios críticos y que no pudieron avanzar en la velocidad esperada como «Quiero mi Barrio».

El segundo eje de acción debiera estar en el ámbito de la planificación urbana, donde se avanzó muy poco en estos años. Aunque cueste creerlo, Chile todavía no cuenta con una política de desarrollo urbano y su Ley General de Urbanismo y Construcciones (Lguc) está tan parchada y obsoleta, que no recoge los cambios significativos que han experimentado nuestras ciudades en los últimos 30 años.

La modificación de la Lguc no puede seguir esperando si queremos abordar, en serio, temas emergentes y complejos, como las demandas por mayor participación ciudadana, la preservación de barrios patrimoniales o el control de externalidades con normativas de desarrollo condicionado. Es conveniente recordar que las nuevas autoridades no podrán seguir resolviendo estos problemas mediante circulares o cambios en las ordenanzas de los planes reguladores, como lo ha dejado claro la Contraloría General de la República.

Por último, el nuevo gobierno deberá mejorar la coordinación de las decenas de organismos públicos que intervienen en el territorio y que hicieron crisis en casos como el Transantiago, «Sanhattan» o el Plan Valparaíso. Para ello, se requieren reformas institucionales que permitan formular planes integrados de vivienda, transporte y obras públicas; traspasando atribuciones y recursos a gobiernos regionales y municipios.

Este desafío es más complejo que cambiar la Lguc y, por ello, es poco probable que se concrete en los próximos cuatro años, aunque sería ideal que al menos se inicie la discusión y se elaboren los primeros borradores de los proyectos de ley.

Pese a todas estas limitaciones, el Presidente Piñera podrá ejecutar proyectos emblemáticos utilizando prerrogativas propias de su cargo, como ocurrió con los centros culturales o los estadios que levantaron los gobiernos de Lagos y Bachelet. La gran pregunta será el tipo de iniciativas que priorizará y que marcarán el sello de su administración: ¿será un Mapocho navegable, un parque inundable en La Aguada o la rehabilitación de los guetos de la periferia? Sólo el tiempo lo dirá.

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