Después del mall de Castro

El sector privado debe entender que parte de su rentabilidad dependerá de su voluntad para diseñar proyectos que respeten el entorno. MAS ALLA de la opinión del alcalde y del supuesto apoyo de sus vecinos, el mall de Castro ha generado un rechazo transversal debido a su desproporcionado tamaño y […]

El sector privado debe entender que parte de su rentabilidad dependerá de su voluntad para diseñar proyectos que respeten el entorno.

Ivan Poduje

MAS ALLA de la opinión del alcalde y del supuesto apoyo de sus vecinos, el mall de Castro ha generado un rechazo transversal debido a su desproporcionado tamaño y su impacto negativo e irreversible sobre el patrimonio de Chiloé. Un destacado arquitecto decía que ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada y que debemos pensar cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir. Concuerdo con él y creo que existen tres caminos para ello.El primero está radicado en el sector público y no guarda relación con los reclamos hechos por tres ministros al calor del verano, con buenas intenciones, pero sin atribuciones para arreglar el problema. Acá la responsabilidad es del Ministerio de Vivienda, que no puede seguir dilatando la actualización de la Ley de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General. Esta última, que opera como reglamento de la ley, tiene mucho que ver con el desaguisado de Castro, ya que por 20 años se modificó de forma burda y arbitraria, hasta transformarse en una entelequia llena de resquicios para saltarse las reglas del juego, como ocurrió en este caso.

Es difícil entender en qué beneficio social se inspiraron estos cambios. Qué explica, por ejemplo, que un edificio pueda aumentar su superficie autorizada mientras se construye, o que para realizar un estudio de impacto vial se exijan 150 estacionamientos, lo que permite saltarse la norma construyendo 149. Tampoco se entiende que los directores de Obras sean virtualmente inamovibles, independiente de lo que hagan o dejen de hacer, o que los planes reguladores ni siquiera pueden reservar espacios para áreas verdes o normar cuestiones básicas como la altura de un edificio, sus densidades o materialidades.

Por ello el sector privado no puede seguir argumentando que hace lo que la «ley permite». Debe entender que su responsabilidad social y parte de su rentabilidad dependerán de su voluntad para diseñar proyectos que respeten el entorno y aporten a la ciudad, como aquellos que han remodelado edificios patrimoniales, abierto paseos o creado servicios para abastecer comunas periféricas. Además, debe condenar pública y categóricamente a la empresa gestora del mall de Castro por desobedecer órdenes de paralización de faenas, lo que en cualquier país serio implicaría demolición.

No quiero dejar fuera a nuestro gremio, que ha rechazado con fuerza el mall, pero que tiene una cuota importante de responsabilidad. Y es que muchas facultades de arquitectura se han negado a incluir este tipo de proyectos debido a prejuicios o visiones nostálgicas de la ciudad, lo que ha impedido responder a las necesidades de la sociedad contemporánea con soluciones funcionales, bellas e innovadoras. Muchas veces hemos preferido mirar para el lado o basar nuestra formación en una arquitectura de elite y «buen gusto», con casas de autor, museos, capillas, u hosterías que constituyen una fracción mínima de las obras que se construyen.

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