Hacinamiento y movilidad

De no cambiar las políticas de subsidio, el hacinamiento será un tema crítico en pocos años.

Ivan Poduje

Los conjuntos habitacionales financiados por el Estado presentan síntomas preocupantes de deterioro en las principales ciudades del país. El problema principal se produce en los condominios sociales o «bloques» que históricamente fueron usados para construir una gran cantidad de viviendas en terrenos reducidos. Hoy, esta densidad se ha transformado en hacinamiento y los bloques no tienen mayores diferencias con una cárcel: sus perímetros están enrejados, sus departamentos ínfimos casi no tienen luz natural ni ventilación y sus espacios comunes están abandonados o tomados por vecinos para ampliar sus viviendas de forma irregular y peligrosa.

Incluso, en proyectos públicos más antiguos, que fueron modelos de desarrollo urbano y social, se observan problemas de obsolescencia y deterioro. Basta recorrer las villas Portales u Olímpica para constatar la falta de mantención de sus estructuras, antejardines o techumbres, o el penoso estado en que se encuentran algunas fachadas. Y también se repite el problema de apropiación o abandono de los espacios comunes que en estos conjuntos incluye esas pasarelas elevadas que fueron un símbolo de modernidad y que hoy están clausuradas para evitar asaltos y vandalismo. Este problema afecta a 450 mil hogares, lo que triplica el déficit de viviendas nuevas que consume la mayoría de los recursos y los cortes de cintas. En algunos casos será posible reparar los condominios sociales aplicando los subsidios de UF 50 creados por el Ministerio de la Vivienda (Minvu) o los programas piloto para remodelar bloques y localizar dos familias donde antes vivían tres. Pero para un número importante de viviendas, este millón y medio de pesos no hará ninguna diferencia, ya que los edificios están demasiado dañados, son imposibles de ampliar o se emplazan en barrios tan inseguros donde sencillamente no se puede vivir.

En estos casos, la única solución es que las familias se muevan a viviendas mejores, lo que hoy es virtualmente imposible, debido al bajo valor de sus departamentos. Por ello, debe crearse un subsidio que cubra la diferencia entre el precio de venta del condominio social y las viviendas de mayor calidad, con todos los controles para evitar que se produzcan mercados irregulares de arriendo. Otra opción es que el Estado compre directamente los edificios más deteriorados, a un precio que permita la movilidad habitacional de sus propietarios. Luego licite su reparación cuando sea posible o, en caso contrario, los demuela y destine estos terrenos a parques, equipamientos o viviendas mejor diseñadas.

Hemos visto que las autoridades están conscientes del problema y han creado herramientas y programas para resolverlo. Sin embargo, estos esfuerzos no tienen un correlato con los recursos, ya que el Minvu sigue destinando un 76% de su presupuesto para subsidiar la compra de viviendas nuevas y sólo un 8% para reparar aquellas existentes, pese a que este déficit cualitativo es tres veces mayor. De no cambiar estas cifras, el hacinamiento será un tema crítico en pocos años más. Inmovilizará cientos de hectáreas y miles de familias se verán obligadas a permanecer en viviendas que perpetuarán su pobreza, bloqueando el acceso a los beneficios del crecimiento económico de Chile.