Nueva política de ciudades

Si bien no están claros sus alcances, tres serían los focos principales. El primero es definir cuotas de vivienda social para todas las comunas, a fin de evitar su expulsión y favorecer la mixtura de los barrios; una medida que celebro y comparto, y que también incluimos en las propuestas que elaboramos desde la fundación “Espacio Público”.

El segundo foco es casi tan importante como el primero, ya que consiste en recuperar mediante inversión pública los guetos que se han formado en las periferias de nuestras ciudades, donde 1,7 millones de chilenos viven en entornos alejados, pobres, enrejados e inseguros, con pocos servicios y viviendas en pésimo estado.

Para que esta idea prospere, serán claves los recursos comprometidos, ya que actualmente el Ministerio de la Vivienda cuenta con un programa similar que ocupa sólo el 3% de su presupuesto, y con ello es muy difícil cambiar una tendencia tan compleja y arraigada.

El CNDU también aplicaría medidas para controlar la especulación inmobiliaria, que además de tomarse la agenda, es para algunos, la fuente de todos los males que aquejan a nuestras ciudades en materia de equidad.

La idea sería que el Estado capture una parte de la plusvalía que perciben las propiedades en el tiempo, asumiendo que responde a una “construcción social”, originada por acciones públicas como parques, líneas de Metro o planes reguladores.

Esta tesis olvida que la plusvalía también se explica por inversiones privadas, por tendencias demográficas, congestión vehicular, paisaje o moda, y como es casi imposible aislar el efecto de cada factor, es muy difícil estimar qué porcentaje debe capturar el Estado.

El segundo problema es el riesgo de crear una medida regresiva, ya que un principio básico para generar equidad territorial, es focalizar la inversión en comunas vulnerables, para elevar estándares y agregar valor mediante un parque o una línea de Metro, pero nunca para quitarlo con un tributo.

Distinto es cuando un terreno rural multiplica su precio sólo porque un regulador lo incorpora al área urbana, sin mediar otros factores. Esta especulación debe controlarse, y para ello es más eficiente que la plusvalía capturada financie obras de interés público o suelo para vivienda social, antes de ir a una bolsa común de destino incierto.

Mas allá de estos matices, es positivo que el CNDU priorice la integración social mediante inversiones y no sólo subsidios.
Ahora debemos conocer qué mecanismos legales, institucionales y presupuestarios propondrá, lo que no es un desafío menor.

Sin embargo temo que la gran barrera será el bajo interés que despierta este tema en gran parte de la clase política pese a las tragedias que hemos visto en Valparaíso, Atacama, Calbuco o en las periferias de nuestras ciudades, donde se vive una realidad cruda y cada vez más lejana a las “grandes transformaciones” que estaríamos impulsando como país.