El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo anunció su propuesta para actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). En términos generales se contempla la ampliación del límite urbano en 10.900 hás de las cuales un 40% se destinará a parques intercomunales y un 60% a zonas habitacionales mixtas. Como […]
El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo anunció su propuesta para actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). En términos generales se contempla la ampliación del límite urbano en 10.900 hás de las cuales un 40% se destinará a parques intercomunales y un 60% a zonas habitacionales mixtas. Como era de esperarse, esta propuesta ha reabierto el debate sobre el modelo de crecimiento que debiera seguir Santiago. De un lado están los que se oponen a cualquier cambio que implique aumentar el área urbana, señalando que reforzará el centralismo de la capital y que producirá efectos negativos sobre el medio ambiente. Otros consideran que la decisión es acertada ya que aliviará la escasez de terrenos de varias comunas y permitirá la reconversión de suelos industriales subutilizados.
Para contextualizar el debate, debemos recordar que las ciudades crecen para satisfacer demandas de personas o empresas que buscan mejores condiciones de empleo y educación. En ello el límite urbano influye muy poco. Por lo tanto, para restringir el crecimiento urbano el Estado tendría que prohibir los nacimientos o cursar multas a los nuevos hogares que deseen permanecer en su ciudad de origen. Como ninguna de estas medidas es razonable, debemos asumir que en los próximos 20 años Santiago acogerá a más de un millón de nuevos habitantes.
Ante este escenario, el Estado debe definir normativas para que el crecimiento no perjudique el funcionamiento de la ciudad actual y no comprometa su desarrollo futuro. Con este objetivo, el nuevo PRMS ha optado por una ‘planificación con condiciones’ en la cual, las nuevas zonas de expansión podrán urbanizarse sólo si sus propietarios financian la infraestructura de conexión con la ciudad, si incluyen equipamientos y servicios, y si materializan áreas verdes y parques de gran magnitud. También deberán destinar un porcentaje de sus terrenos para vivienda social, lo que permitirá localizar al menos 20.000 unidades.
Con la planificación por condiciones se cumple otro objetivo importante. Se reducen las plusvalías discrecionales que genera la ampliación del límite urbano, ya que los propietarios beneficiados deberán incurrir en costos para aprobar sus proyectos. En esta misma línea, el MINVU ha utilizado criterios más objetivos para trazar el nuevo límite, procurando seleccionar zonas con accesibilidad, cercanas a servicios y alejadas de áreas de preservación ecológica.
El principal desafío del nuevos PRMS será implementar las propuestas que ha definido, lo que a mi juicio tiene dos alcances. De un lado debe precisarse el mecanismo legal para que las exigencias a los privados puedan materializarse. En otros casos el proceso ha sido lento y engorroso. Para facilitarlo, es necesario que el instrumento defina con antelación las obras y los montos que serán financiadas por las empresas inmobiliarias, evitando que estos se resuelvan ‘caso a caso’ como ha ocurrido con las ZODUC o las PDUC.
Por otro lado, parece discutible que gran parte de las propuestas del plan dependan del financiamiento privado. Tal como señala Julio Alegría, es necesario que el Estado asuma que la planificación requiere tanto de regulación como de inversiones y que estas deben ser ejecutadas con fondos públicos si buscan resolver carencias sociales. Muchas veces se argumenta que el Estado chileno no tiene los recursos para afrontar estos desafíos, pero la experiencia internacional muestra una realidad distinta, ya que en una ciudad más pobre como Medellín, se logró ejecutar una gran transformación urbana en sólo 5 años, focalizando inversión pública en las zonas más deterioradas y pobres.