Nuestras ciudades necesitan pensarse al mediano plazo, ya que deben resolver demandas crecientes de calidad de vida e integración. ¿Se ha fijado que cada cierto tiempo se anuncian grandes proyectos y que luego de años los titulares se repiten, pero las obras no se concretan? «Taparán la norte sur con […]
Nuestras ciudades necesitan pensarse al mediano plazo, ya que deben resolver demandas crecientes de calidad de vida e integración.
Ivan Poduje
¿Se ha fijado que cada cierto tiempo se anuncian grandes proyectos y que luego de años los titulares se repiten, pero las obras no se concretan? «Taparán la norte sur con un parque» ya es un clásico, al igual que «remodelarán el Estadio Nacional» o «se viene nuevo plan de autopistas». Lo mismo ocurre en regiones con la recuperación de los ascensores en Valparaíso, la isla Cautín de Temuco o los parques fluviales de Osorno y Calama, todos con varios anuncios a su haber.Es verdad que estas iniciativas tardan años en ver la luz, debido a sus altos costos y su complejidad constructiva. También es cierto que por su tamaño generan conflictos que obligan a negociar con vecinos cada vez más empoderados. Sin embargo, su desarrollo es doblemente complicado en Chile, debido a la corta duración del período presidencial, ya que las autoridades cambian cada 48 meses y suelen cuestionar por defecto los proyectos de gobiernos anteriores, lo que muchas veces obliga a partir de cero.
A ello se suma la creciente burocracia para coordinar a los organismos públicos que deben dar su visto bueno para iniciar estas obras. Un cuello de botella es Mideplan, que teóricamente está abocado a erradicar la extrema pobreza, pero que además calcula la rentabilidad social de todas las inversiones públicas con metodologías lentas y anticuadas que tienen paralizados varios proyectos, incluyendo iniciativas emblemáticas de la reconstrucción.
Como hemos señalado en tantas columnas, para resolver estos problemas los gobiernos deben cambiar leyes y modernizar instituciones. Sin embargo, este camino es lento, así que optan por figuras sin peso legal como los «planes integrales», una entelequia donde empresas, ministerios y municipios caminan de la mano, plenamente coordinados a partir de su buena voluntad, lo que sólo ocurre en la cabeza de sus autores. Al final, estos inventos rebotan contra la realidad o contra la Contraloría General de la República, que le recuerda al Estado que no puede ponerse creativo si ello implica saltarse su ámbito de competencias. El resultado: más atrasos e ideas que se acumulan en los cajones.
Nuestras ciudades necesitan pensarse en el mediano plazo, ya que deben resolver demandas crecientes de transporte, calidad de vida e integración social. Para ello se requieren obras que por su tamaño y complejidad trascienden gobiernos de cuatro años. Un modelo a seguir es el Metro, que cuenta con atribuciones para materializar sus proyectos con relativa independencia de los vaivenes políticos, y sin requerir del consenso infinito de decenas de organismos públicos a los cuales suele saltarse para beneficio de todos nosotros.
Hay una anécdota que resume muy bien el potencial de este modelo. Luego de la última elección presidencial, una experta del grupo Tantauco cuestionó duramente la Línea 6 que venía de la administración Bachelet sin información suficiente, indicando que no era rentable socialmente. Hace unos días, el Presidente Piñera anunció el nuevo plan de extensión del Metro y la Línea 6 estaba presente en gloria y majestad, lo que constituye una señal de continuidad que debe destacarse. Ojalá pudiésemos ver estos mismos titulares en tantos proyectos postergados.