Tomas planificadas: Delegados regionales aseguran que persiguen a loteadores

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Representantes en las zonas más afectadas por las ocupaciones ilegales

Ivonne Donoso (PS, Tarapacá) afirma que han entregado antecedentes al Ministerio Público. Yanino Riquelme (PC, Valparaíso) señala que “trabajamos para atender las instrucciones de tribunales”.

Un estudio analizó en forma fotogramétrica la evolución de las grandes tomas en el país, y arrojó resultados similares a los obtenidos por la oficina de urbanismo Atisba, dados a conocer por este diario el domingo. Según la consultora inmobiliaria GPS Property, de los 8,5 millones de metros cuadrados usurpados a lo largo del país a partir de octubre de 2019, hay evidencias de planificación a través de lotes en el 77% de esa superficie (Atisba lo estimó en 50%).

De acuerdo con el análisis, los sectores de Valparaíso y Tarapacá son las regiones con mayores superficies de usurpaciones planificadas, con 2,1 millones de metros cuadrados cada una.

En medio de las críticas que apuntan a una inacción de las autoridades frente a las ocupaciones ilegales, la delegada presidencial regional de Tarapacá, Ivonne Donoso (PS), dice estar «plenamente consciente» de las obligaciones que le impone la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Su artículo 138 tipifica el delito de loteo irregular y el artículo 139 mandata a la municipalidades, intendentes, gobernadores y Servicios Regionales de Vivienda (o sus sucesores legales) “ejercitar las correspondientes acciones penales” cuando sepan de estos ilícitos. En diciembre hubo un operativopara restituir al fisco más de 100 hectáreas de los loteos ilegales en la toma La Mula, de Alto Hospicio. Al respecto, aseguran que se han recopilado «evidencia sobre actores que están detrás de estos loteos y presentando denuncias ante el Ministerio Público para inicar las acciones legales corres´pondientes».

Desde el 2019, la Fiscalía de Alto Hospicio- donde prolifera el crimen organizado en los asentamientos – ha inciado cinco causas por loteos ilegales asociados a usurpaciones, ya sea por denuncias de los dueños o de las autoridades.

Hay causas vigentes por loteo irregular y delitos asociados: estafas, amenazas, extorsiones, lesiones o violaciones de morada; que están invetigando, a fin de indetifiar modus operandi y grupos delictuales organizados, o personas que se estén dedicando con fines de lucro a este ipo de ilícitos», dice la fiscal jefe Jocelyn Pacheco.

En tanto, en la región de Valparaíso – donde tuvo lugar el desalojo de la toma de Lajarilla, en el sector alto de Viña del Mar – , en abril comenzará el juicio oral contra dos acusados de haber promovido tal ocupaciones ilegales mediante la subdivisión y entrega a terceros de los lotes uruspados.

Queja de los litigantes

De acuerdo con la Fiscalía de Viña del Mar, en febrero de 2022, Patricio Peñaloza Zavala y Carolina Rojas Alvarado, junto a 35 personas, rompieron el cierre perimetral de hormigón de la propiedad del empresario José Massú e iniciaron movimientos de tierra y corte y quema de bosques para demarcar lotes que pusieron a la venta a terceros.

Peñaloza también está imputado en otra causa por loteo ilegal en el mismo sector. En ambas, los querellantes han sido los dueños y no algunas de las autoridades a las que la ley les impone esa obligación.

“No hemos tenido ninguna colaboración de parte de la municipalidad o delegación presidencial en las acciones penales”, dice el abogado de Massú, Waldo del Villar. “No hay una acción gubernamental organizada para perseguir eso. Al contrario, me parece que se le hace la vista gorda por razones políticas y sociales”, agrega.

Consultado el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), por las obligaciones que le impone la ley, responde refiriéndo al carácter histórico de las tomas, su vinculación al déficit habitacional y el esfuerzo que, a su juicio, despliega el Gobierno para disminuirlo.

Acerca de las acciones que está obligado a emprender ante organizaciones que lucran ilegalmente, enfatiza que “lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto, atender las instrucciones que nos dan los tribunales. Ustedes vieron en el caso de Lajarilla, se desalojó”, señala.

En la región, la única condena conocida por loteos ilegales asociados a tomas fue la que en abril de 2023 castigó con pena remitida a Luis Alarcón, quien realizaba asesorías al condenado como autor intelectual del asesinato del ingeniero Alejandro Correa, Renato López, de acuerdo con lo que se ventiló en el juicio. En ese caso, el impacto que causó llevó al entonces intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, a querellarse por loteo ilegal.

Sin embargo, la actual abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, que debió interponer un recurso para que la justicia ordenara al Serviu demoler las construcciones ilegales —lo que aún no cumple—, también es crítica. “Hay una negligencia multisectorial del Estado que renuncia a sus obligaciones legales en materia urbanística, incluyendo los delitos en esta materia”, cuestiona.