Reconstrucción tras incendios: Por qué el «exitoso» proceso en Santa Olga no es totalmente aplicable en la actual tragedia.

En 2017, esta localidad de Constitución se convirtió en «símbolo» de la emergencia, y este año, Santa Juana ha sufrido gran parte de los embates de los siniestros.

Los incendios forestales de la zona centro-sur del país, que han afectado principalmente a las regiones de Biobío, Nuble y La Araucanía, han dejado un saldo de 425 mil hectáreas consumidas, de las cuales 197 mil se concentran en el Biobío y 100 mil en La Araucanía.

Este año, la comuna de Santa Juana, en el Biobío se ha convertido en la zona «símbolo» de la tragedia, puesto que contabiliza 13 de los 24 fallecimientos a nivel nacional. Además, según consigna el diario El Sur, según el catastro preliminar hecho por la municipalidad –liderada por Ana Albornoz- de las 71.000 hectáreas que componen la comuna, alrededor de 50.550 han sido arrasadas, lo que sería el 71%.

Pero esta no es la única zona afectada; según el último reporte de Senapred, el incendio Santa Gertrudis de Quillón ya ha consumido 17.800 hás y el Casablanca 3, 13.050 hás; en el Biobío, además del siniestro en «Nacimiento y Santa Juana»; han sido altamente destructivos los siniestros de «El Cortijo», en Florida, Penco y Tomé, con 26.307 hás consumidas; y el siniestro «Tambillo», en Nacimiento, con 33.485 hás destruidas. Los incendios han traído a la memoria la tragedia que se registró en 2017, donde la localidad de Santa Olga, en Constitución. Si bien los siniestros de esa época también arrasaron con sectores rurales dispersos en las tres regiones afectadas (O’Higgins, Maule y Bíobío), Santa Olga -y sus villas Renacer y Los Aromos-, quedó destruida prácticamente por completo. Hubo ocho víctimas fatales y 160 mil hectáreas quedaron consumidas.

Por esos días, el entonces alcalde Carlos Valenzuela describía el escenario como «un horror». Si bien las cifras de la reconstrucción de viviendas, colegios, sedes sociales y urbanización en general se ha puesto muchas veces en debate, en enero de 2022 las cifras hablaban de un 91% de avance en el proyecto en general. Esto, porque la devastación obligó a hacer obras complementarias -como proyectos de regulación y mitigación- más allá de reconstrucción de viviendas. Solo en este último aspecto, la inversión llegó a los $37.000 millones, de los cuales $22.000 se utilizaron para levantar casas y un conjunto habitacional para casi 300 familias. Según comentó el actual alcalde de Constitución a Emol, Fabián Pérez, el proceso ya está en su etapa final, «afortunadamente el Gobierno a impulsado un programa que entrega $1.500 millones para que la comunidad decida y defina las obras complementarias que faltan, lo que se está trabajando junto al municipio. Y en cuanto a la construcción, faltan alrededor de 15 casas para familias que aún no pueden generar el proceso».

Asimismo, cuenta que el proceso ha permitido el empoderamiento de las organizaciones sociales locales, «y creo que en general ha sido un proceso que ha ido avanzando bien y un modelo a seguir, el cómo el Estado, pese a que han pasado tres gobierno distintos, ha podido darle continuidad a la ayuda a un sector que sufrió de manera focalizada con los incendios de 2017″. Esta vez, el desastre ha tenido mayor impacto el mundo rural; zonas donde la producción depende precisamente tener espacios para los animales, con grandes distancias entre cada vivienda, cercanos a bosques y a la homogeneidad de los mantos verdes que hacen un escenario propicio para que el fuego avance rápidamente. Un reciente balance silvoagropecuario entregado por el Ministerio de Agricultura da cuenta de 4.313 animales fallecidos (70% corresponde a aves, un 11% a vacunos, un 10% a cabras, un 5% a ovejas, un 2% a cerdos y 1% a caballares). En tanto, en el rubro apícola se registran 9.990 colmenas afectadas, es decir, un 79% del total catastrado; y se han perdido 1.627 hectáreas de cultivos, de los cuales un 62% son producción forrajera, un 19% son cultivos frutales, un 15% de cereales, legumbres y cultivos industriales y finalmente un 4% de hortalizas». La recuperación de lo rural Ayer, la encargada de la reconstrucción en la zona centro-sur, Paulina Saball, enfatizó en que su tarea tendrá un foco «equitativo», para que las ayudas lleguen en la misma medida en todas las zonas afectadas, y también hizo énfasis en la necesidad de abordar las particularidades de las zonas rurales para un proceso integral de reconstrucción.

«El Presidente me ha dicho que uno de los sellos de esta reconstrucción es que sea integral, eso significa que podamos simultáneamente atender las necesidades habitacionales con las particularidades del sector rural, pero también recuperar el tema de las cadenas productivas, los empleos, las escuelas que se han quemado, los caminos que se han cortado. Y también, hay que pensar en el futuro, a lo mejor hay cuestiones que hoy no hemos hecho bien y que en prevención de accidentes futuros tenemos que hacer mejor», sostuvo la encargada.

Esta mañana, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, fue consultada en Radio Cooperativa por la experiencia de reconstrucción en Santa Olga y cómo aquello podría compararse con lo que se viene para las zonas afectadas, y ante eso, marcó algunas diferencias. Según comentó, «la experiencia de Santa Olga nos deja muchos aprendizajes, y efectivamente todos los aprendizajes positivos los vamos a recoger (pero) es distinto el escenario; acá hablamos de viviendas con un porcentaje mayor de ruralidad, y por lo tanto el escenario es muy distinto y tenemos que pensar en estrategias complementarias y alternativas».

En conversación con este medio, el arquitecto y director de Atisba, Iván Poduje, ya había advertido que el desafío de la tragedia actual no es comparable en su totalidad a lo que ocurrió en Santa Olga en 2017. «Esta vez, la afectación ocurrió en zonas rurales, entonces, creo que inevitablemente, hay que relocalizar estas zonas rurales; porque por más que dejes cortafuegos en esas áreas, es difícil evitar que el fuego llegue a las viviendas, por estar inmersas en el bosque». Dicha relocalización, sostuvo, debería ser «lo más próximo posible a la zona en que residían estas personas, porque en esos lugares están sus fuentes de trabajo y sus familias, y eso en general es lo que se procura hacer. Lo importante es buscar lugares más protegidos, es decir, estar lejos del bosque, mejores accesos, y que el Estado habilite áreas base de combate de incendios, próximos a esos nuevos asentamientos».