El barrio afectado por balaceras.

La iniciativa, que fue entregada al Gobierno, tiene un costo de $32.600 millones en un plazo de 10 años:

«El Mercurio» recorrió junto a la alcaldesa Claudia Pizarro (DC) las 6 cuadras, donde dominan narcotraficantes y abundan sitios eriazos. Pide más presencia del Estado.

Son casi las 11 de la mañana y la calle Inés de Suárez, en el sector El Castillo de La Pintana, parecía tranquila. Eso hasta que, en una esquina, de un grupo sale un joven con polerón oscuro y capucha, que lleva en sus manos un fierro con una cadena, y se pone en frente del vehículo en ademán de impedirnos el paso. Es la señal del dominio territorial de los «soldados» que apoyan a los narcotraficantes que operan en la zona más peligrosa, que llaman «El Pantano». El momento de tensión queda atrás cuando, luego de avanzar lentamente, el «vigilante» decide hacerse a un lado y despeja la vía.  «No hagan nada … «, alcanza a decir la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien segundos antes de iniciar el recorrido junto a «El Mercurio» había advertido que no podíamos detenernos ahí. Es la misma calle donde a las cinco de la tarde del 18 de mayo se desató una balacera que causó la muerte a un hombre de 43 años y a un adolescente de 15 y dejó heridas a tres personas. Así, aumentaron a ocho los homicidios de 2019 en El Castillo. Esta área conflictiva se inserta en w1 barrio que, según Pizarro, lleva tres décadas de «abandono del Estado», con diagnósticos en distintos gobiernos que, hasta ahora, no se han aplicado en una intervención urbana.

Una intervención

Por eso, tras ese último crimen y otra balacera posterior que dejó lesionada a una joven, el municipio decidió «apurar» el respaldo del Ejecutivo a un plan integral para El Castillo, de elaboración propia con el apoyo La autopista Acceso Sur a Santiago separa La Pintana (a la izquierda) de Puente Alto. El sitio eriazo es de un privado y es usado para depositar escombros y toda clase de basuras. El municipio obligó a cercarlo, pero sigue recibiendo desechos. El plan integral plantea su expropiación y convertirlo en el Parque La Esperanza. Ad honorem del arquitecto Iván Poduje.
Se trata de una gran intervención que implica crear áreas verdes, abrir pasajes y pavimentar calles, entre otras medidas, con un costo de $32.600 millones en diez años (ver recuadro).
El plan ya lo conocieron dirigentes vecinales de las villas de El Castillo. Luego, la alcaldesa Pizarra lo presentó a la intendenta Karla Rubilar y a la
subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en el Ministerio del Interior, donde ahora será analizado (ver nota relacionada).
En El Castillo, que surgió en los años 80 a partir de la erradicación obligada de campamentos en el sector oriente y otras comunas del Gran Santiago, hoy viven w1as 33 mil personas. En su mayoría, en viviendas bajas, muy pequeñas, similares a casetas, con altos muros y rejas gruesas que llegan al techo. «Esto es mucho más peligroso para nuestros vecinos, que están amordazados, que no sienten la libertad de expresar lo que está pasando. No queremos que la violencia sea peor», plantea la alcaldesa. No obstante, explica que si bien «lo crítico no son más de seis cuadras», ello repercute en la vida diaria de todos. Falta más presencia del Estado, enfatiza. En la última década se hizo solo una obra pública: el Teatro Municipal de La Pintana.
Aunque el Presidente Piñera anunció en su cuenta al Congreso un reforzamiento de Carabineros y la PDI en ese y otros 32 barrios críticos, la alcaldesa remarca que no basta con esa medida, sino que se requieren otros cambios más profw1dos. Ahora, dice, espera «una decisión presidencial, estamos hablando de una intervención mayor. No nos conformamos con $200 millones que no solucionan el problema que tenemos aquí».
«Balazos de cada día»
A poca distancia de la zona más conflictiva hay w1a villa del Serviu para adultos mayores, de entre 60 y 90 años, cuya sede comunitaria exhibe el muro perforado por varios impactos de bala. Hace poco una de ellas hirió en las piernas a una persona. Lucía Retamal, w1a de las residentes, cuenta que «niños de 12 a 14 años saltan las rejas a las once de la noche y nos atacan con cuchillos. Necesitamos más vigilancia.  Y lo de los balazos es pan de
cada día». Susana Miranda, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Primavera – bloc/es de viviendas sociales de 30 y 40 m2 , que el plan considera  demoler y reubicar- , confirma que hay muchos niños que entran en la droga. Otras dirigentas vecinales relatan a «El Mercurio» que los disparos  ocurren a plena luz del día, que no se puede ni ir a la feria sin riesgo, que cuando hay funerales narcos los ni11os preguntan por qué hay fuegos  artificiales si no es Año Nuevo, que las chicas temen sufrir ataques sexuales – este año van 14 violaciones- cuando pasan cerca de
los extensos sitios eriazos.
Marcela Tapia, de la Junta de Vecinos Nueva Patagonia, trabajaba haciendo aseo y cuenta cómo «protegió» a sus hijos de la calle: «Dejaba a mis tres niños con llave y tenía a mis vecinas que les abrían la puerta para ir al colegio». Se queja de que nada bueno sale de este barrio en TV, cuando «hay solo w1 sector de El Castillo donde está esa clase de gente (narcotraficantes). No todos somos así acá». Sus tres hijos llegaron a la educación superior.

 

Gobierno realizará una mesa interministerial ello de junio

Desde el Ejecutivo señalan que el sector El Castillo, de La Pintana, está considerado desde el inicio como uno de los 33 «barrios  prioritarios». La subsecretaria Katherine Martorell destaca que la intendenta Karla Rubilar, en una reunión con la alcaldesa Claudia Pizarro, conoció la semana pasada una presentación del plan integral para El Castillo, elaborado por el arquitecto Iván Poduje, «que es exactamente igual al que se realizó durante el primer gobierno del Presidente Piñera en Bajos de Mena». El paso siguiente será mañana miércoles, con un encuentro con el Servicio de Vivienda y Urbanismo para comenzar a trabajar y luego, el l0 de junio, una mesa intersectorial con los ministros del Interior, Obras Públicas, Vivienda, Salud, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y la intendenta. Rubilar explica que se trata de una propuesta a largo plazo, que «se debe realizar por etapas y requiere de mucha voluntad política. Vamos a trabajar junto a los ministerios para poder incluir estos recursos en el presupuesto y lograr su materialización».  Actualmente, señalan que se están ejecutando tres obras por $285 millones, lo que incluye luminarias, recuperación de áreas verdes y una
sede vecinal. Además, según informa la SPD, hay $206 millones para el sistema Lazos, que incluyen $150 millones para la rehabilitación de niños y adolescentes que han cometido su primer delito y $56 millones para el programa de parentalidad positiva Triple P. En el corto plazo, el Gobierno financiará varias cámaras de vigilancia con un costo de $238 millones. En suma, hay $979 millones de inversión entre 2018 y lo que va de 2019, destaca la subsecretaria Martorell. Mientras, se está actualizando el diagnóstico del barrio sobre «cuáles son las reales necesidades de los vecinos dentro de las complejas condiciones de vulnerabilidad y exclusión social».