Un gobierno contra el tiempo

Cuatro años es un plazo sumamente breve para impulsar cambios relevantes en nuestras ciudades y por ello las nuevas autoridades deberán moverse rápido y en dos frentes. Por una parte, debieran seleccionar iniciativas que puedan concretar en 48 meses aprovechando proyectos en carpeta o nuevas ideas factibles de diseñar el […]

Ivan Poduje

Ivan Poduje

Cuatro años es un plazo sumamente breve para impulsar cambios relevantes en nuestras ciudades y por ello las nuevas autoridades deberán moverse rápido y en dos frentes.

Por una parte, debieran seleccionar iniciativas que puedan concretar en 48 meses aprovechando proyectos en carpeta o nuevas ideas factibles de diseñar el primer año, mientras que en paralelo se avanza con reformas más complejas de la nueva Política de Desarrollo Urbano.

Como Espacio Público hemos identificado algunas prioridades. Estimamos que la primera urgencia será entregar viviendas y barrios para unas 50 mil familias con subsidio, pero sin proyecto y otras 30 mil que aún residen en campamentos, una tarea cada vez más difícil debido a la escasez de suelo que aqueja a muchas ciudades.

Por ello es clave que el próximo gobierno detenga la venta de terrenos fiscales, adquiera nuevas propiedades y apruebe normas para localizar viviendas sociales en áreas centrales como ocurrió con el decreto para densificar corredores de Metro impulsado por la actual administración.

Otra gran prioridad será recuperar barrios vulnerables donde 1,7 millones de chilenos viven en condiciones de alta pobreza y segregación. Este objetivo aparece en el programa de la presidenta como una segunda fase del plan “Quiero mi Barrio” de su primer gobierno, que en este período debiera contemplar cambios importantes.

Ya no habrá un año para escoger los barrios a intervenir y otro año para realizar sesudos estudios. Tampoco bastará con arreglar plazas o mobiliarios, ya que el problema de la segregación ha escalado y se necesitan inversiones mayores en transporte, centros cívicos y áreas verdes, combinadas con estrategias de seguridad ciudadana.

Además, deberán recuperarse y reemplazarse 15 mil departamentos ubicados en bloques con pésimas condiciones de habitabilidad, lo que requiere un enorme desafío de coordinación y planeamiento como se ha podido ver en las demoliciones de Bajos de Mena.

En obras públicas el nuevo gobierno recibirá una cartera de proyectos concesionados licitados en un plazo muy breve, lo que supone riesgos que deberán evaluarse, al igual que la conveniencia de subsidiar algunas autopistas del barrio alto, existiendo tantas carencias en decenas de comunas y ciudades del país.

En estos territorios carenciados debiera focalizarse la inversión ejecutando “proyectos estratégicos” de infraestructura que aporten calidad de vida, equidad y competitividad económica. Es el caso de la apertura de bordes costeros y fluviales, nuevos parques, bibliotecas y hospitales, o la integración de zonas aisladas.

Transportes también deberá pasar pronto del diagnóstico a la acción para frenar la escalada de congestión que se viene en las grandes ciudades. Ello implica acelerar la construcción de infraestructura para buses, trenes suburbanos, metro y ciclovías, con diseños que entreguen dignidad a los usuarios y valor en su entorno.

Como vemos, el nuevo gobierno parte contra el tiempo si quiere dejar un legado concreto en 48 meses. Para ello debiera concentrarse en proyectos estratégicos, más que en “grandes transformaciones” que podrían terminar en anuncios o bonitos planes que ya tenemos y de sobra.

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