Barrios Críticos

En este segundo reporte de 2025, analizamos la evolución de los homicidios a nivel nacional, donde se observa una reducción marginal del 3% en comparación con el año anterior. Sin embargo, al corregir la base poblacional con datos del Censo 2024, la tasa sube de 6,0 a 6,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando que el fenómeno sigue siendo crítico.

El informe identifica tres patrones territoriales: aglomeración (rebalse del delito desde Santiago Centro a comunas como Independencia o Recoleta), colonización (alza de homicidios en comunas del anillo rural como Colina y Talagante), y segregación (persistencia del fenómeno en zonas vulnerables como La Pintana, La Cisterna o La Legua). También se detectaron omisiones en los registros del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), con subestimaciones en al menos seis comunas, lo que afecta el diagnóstico oficial y confirma la necesidad de revisar el sistema de registro y control.

En este primer reporte de 2025, analizamos los patrones territoriales de 556 homicidios ocurridos el año pasado en Santiago. A partir de ello, identificamos los 17 focos críticos que concentran el 37% de los delitos, y formulamos 7 propuestas para recuperarlos.
El reporte tiene mapas, datos de población, homicidios y viviendas para 342 cuadrantes del STOP de Carabineros, lo que permite precisar los patrones a nivel de barrios como La Vega, La Legua, Bajos de Mena o las nuevas tomas de terrenos de Maipú y Cerrillos

Presentamos los resultados del primer #ReporteMonitor de 2024 de Atisba que explica el patrón de localización de los #homicidios en Santiago. Con solo el 2% de la superficie urbana de Santiago, bloques concentran el 26% de los homicidios entre Dic 2023 y Enero 2024.

En AtisbaMonitor identificamos los puntos críticos de la ciudad de Santiago sin servicios policiales permanentes, lo que afecta a 1,4 millones de personas. Actualmente existen 65 recintos para 4,2 millones de habitantes, cubriendo al 55% de la población.

Proponemos cubrir zonas saturadas o sin cobertura, mediante 20 nuevos recintos policiales. Con ello, la cobertura de población en radio de 10-15 minutos aumentaría en 1,4 millones de habitantes, subiendo de 55% a 78%. Las comunas priorizadas también tienen barrios afectados por narcotráfico y comercio informal, lo que sería un segundo beneficio de la red propuesta.

El costo estimado de esta red, sería de $ 46.300 millones considerando solamente infraestructura, diseños y especialidades. Cubrir el déficit de comisarias, sub comisarias, permitiría un trabajo más coordinado y efectivo con los vecinos para enfrentar la parte más dura de la situación de inseguridad.

En este segundo reporte Atisba Monitor de la Macrozona Sur, analizamos 1.272 atentados terroristas ocurridos entre 2018 y 2022, para identificar las zonas y rutas más afectadas, así como los sectores que por la frecuencia de los ataques, han quedado margen del control del Estado.

Además formulamos hipótesis para explicar porque ciertos sectores concentran más atentados que otros, cruzando en mapas digitales de Atisba, límites de ciudades y poblados, rutas y caminos, títulos de Merced (del reporte 1), ubicación de las plantaciones forestales, instalaciones productivas.

Los resultados muestran una situación extremadamente compleja. Primero por la extensión geográfica de la violencia que ya abarca seis regiones, luego por su crecimiento entre 2018 y 2022 y finalmente por la importancia estratégica de los sectores afectados, que incluye ciudades relevantes, carreteras nacionales, bordes costeros o zonas productivas.

El área de investigación y datos del diario de La Tercera la encargó a Atisba Monitor, el cálculo de la población y los servicios y actividades productivas localizadas dentro de los títulos de Merced definidos por la CONADI para 51 comunas en 4 regiones del país.

Este trabajo se hizo para tener un orden de magnitud de una restitución de tierras a las comunidades indígenas, como dispone la nueva Constitución. Si bien el borrador que será sometido a plebiscito en septiembre no precisa la superficie y localización de los terrenos, y delega esa responsabilidad en un catastro, el equipo ID de La Tercera consideró que el Título de Merced podría ser un criterio.

Si fuera así, el Estado tendría que restituir 644 mil hectáreas donde viven hoy, 424.791 habitantes en 173.706 viviendas. Además, dentro de estos Títulos de Merced existen 582 establecimientos educacionales y una superficie de 107.000 metros cuadrados de industria y comercio. Esto incluye barrios completos de ciudades como Temuco, Padre Las Casas, Pitrufquén o Pucón, además de balnearios como Licanray y Panguilpulli.

Como la restitución es inviable, la única salida sería compensar a las comunidades indígenas por las tierras urbanizadas. Aplicando valores muy conservadores para viviendas, comercios e industrias, esto suma 20.533 millones de dólares.

¿Es factible desembolsar este dinero? ¿Tiene el Estado las competencias para hacerlo? – ¿Será el título de merced el criterio final para delimitar las tierras que deben ser restituidas?

Aún no está claro, pero estos números preliminares indican que la tarea tendrá una enorme complejidad, que deberá ser analizada para no generar falsas expectativas en las comunidades indígenas y una alarma injustificada en la población que habita en estos territorios.

En este segundo reporte de 2022, presentamos una propuesta integral para recuperar 82 barrios afectados por narcotráfico en 16 comunas de Santiago, aumentando la presencia del Estado mediante nuevos servicios, entornos seguros y paisajes que ofrezcan protección y esperanza.

Proponemos demoler 47 servicios cuya infraestructura está obsoleta y reconvertir 117 sitios eriazos. En estos lugares se levantarían 28 jardines y 4 salas cunas de alto estándar, 7 piscinas temperadas, 4 polideportivos, 3 mediatecas y 6 colegios destinados a niños con necesidades educacionales especiales (NEE) además de 11 patios lúdicos que favorezcan su integración en las escuelas.

Para recuperar a las personas afectadas por la droga y la violencia, proponemos cinco nuevos Centros de Salud Mental (Cosam), tres Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) y un nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam). Además se mejorarían 4 centros de salud primaria, reponiendo o ampliando su infraestructura.

En resumen, el plan contempla 361 proyectos con una inversión de $279 millones de dólares que fueron ubicados por nuestro equipo, uno a uno, en 35 centros cívicos con 144 obras para mejorar sus plazas y áreas verdes y 15 nuevos retenes policiales barriales.

Este último reporte monitor de 2018, trata sobre un tema de gran importancia social y que ha sido poco tocado en el debate público: los barrios afectados por narcotráfico según un informe elaborado por la Fiscalía Nacional. El estudio complementa el reporte realizado en 2017 en Santiago mirando la situación de seis ciudades regionales, donde los patrones son similares, al igual que las consecuencias. Junto con diagnósticar y localizar el problema, el equipo de Atisba formuló propuestas para atacar este flagelo social desde el urbanismo y que debieran complementar estrategias policiales y de apoyo social para los afectados.

Este último reporte de Atisba Monitor de 2017, busca analizar un tema que entró con fuerza en la agenda pública: el narcotráfico y su extensión territorial. Para ello, se calculó la población que vive en los 162 barrios críticos identificados por la Fiscalía Nacional en la zona sur de Santiago, a partir de la concentración de delitos vinculados al narcotráfico.

Además cruzamos esta información con catastros de servicios, áreas verdes o cobertura de Metro, para ver como la segregación urbana explica, en parte, este problema. En base a ello reforzamos algunas propuestas que hemos realizados en otros reportes para integrar estos barrios segregados y que debieran complementar las acciones policiales para controlar este flagelo social que, solo en la zona sur, amenaza a 702.000 habitantes en una superficie equivalente a la ciudad de Viña del Mar.

A más de 30 años de su creación, la política de vivienda social basada en el subsidio a la demanda ha logrado cubrir gran parte del déficit habitacional de las familias más vulnerables de Chile. Sin embargo, y como ocurre con la educación, han aparecido nuevos problemas vinculados con la mala calidad de las soluciones entregadas y sobre todo, con su localización geográfica periférica y segregada.

De esta manera la investigación se centró en: Identificar los guetos y cuantificar su población, profundizar en el problema de los barrios segregados de vivienda social y en el fenómeno de exclusión y marginalidad dentro de un grupo de la población nacional