Macrozona sur

En este segundo reporte Atisba Monitor de la Macrozona Sur, analizamos 1.272 atentados terroristas ocurridos entre 2018 y 2022, para identificar las zonas y rutas más afectadas, así como los sectores que por la frecuencia de los ataques, han quedado margen del control del Estado.

Además formulamos hipótesis para explicar porque ciertos sectores concentran más atentados que otros, cruzando en mapas digitales de Atisba, límites de ciudades y poblados, rutas y caminos, títulos de Merced (del reporte 1), ubicación de las plantaciones forestales, instalaciones productivas.

Los resultados muestran una situación extremadamente compleja. Primero por la extensión geográfica de la violencia que ya abarca seis regiones, luego por su crecimiento entre 2018 y 2022 y finalmente por la importancia estratégica de los sectores afectados, que incluye ciudades relevantes, carreteras nacionales, bordes costeros o zonas productivas.

El área de investigación y datos del diario de La Tercera la encargó a Atisba Monitor, el cálculo de la población y los servicios y actividades productivas localizadas dentro de los títulos de Merced definidos por la CONADI para 51 comunas en 4 regiones del país.

Este trabajo se hizo para tener un orden de magnitud de una restitución de tierras a las comunidades indígenas, como dispone la nueva Constitución. Si bien el borrador que será sometido a plebiscito en septiembre no precisa la superficie y localización de los terrenos, y delega esa responsabilidad en un catastro, el equipo ID de La Tercera consideró que el Título de Merced podría ser un criterio.

Si fuera así, el Estado tendría que restituir 644 mil hectáreas donde viven hoy, 424.791 habitantes en 173.706 viviendas. Además, dentro de estos Títulos de Merced existen 582 establecimientos educacionales y una superficie de 107.000 metros cuadrados de industria y comercio. Esto incluye barrios completos de ciudades como Temuco, Padre Las Casas, Pitrufquén o Pucón, además de balnearios como Licanray y Panguilpulli.

Como la restitución es inviable, la única salida sería compensar a las comunidades indígenas por las tierras urbanizadas. Aplicando valores muy conservadores para viviendas, comercios e industrias, esto suma 20.533 millones de dólares.

¿Es factible desembolsar este dinero? ¿Tiene el Estado las competencias para hacerlo? – ¿Será el título de merced el criterio final para delimitar las tierras que deben ser restituidas?

Aún no está claro, pero estos números preliminares indican que la tarea tendrá una enorme complejidad, que deberá ser analizada para no generar falsas expectativas en las comunidades indígenas y una alarma injustificada en la población que habita en estos territorios.